¿Por qué educar en ciudadanía global desde nuestros municipios?
Judith Muñoz (Universidad de Barcelona) reflexiona sobre la necesidad de impulsar la educación para la ciudadanía global (ECG) desde los pueblos y ciudades como una apuesta decidida para la transversalidad y la coherencia, el diálogo interno y la integridad de las políticas municipales en su compromiso ante los principales desafíos mundiales.
Asumir el reto de construir ciudades que eduquen para una ciudadanía global significa comprometerse con los principales desafíos mundiales: la transición ecológica, la equidad de género, la reducción de las desigualdades mundiales, la paz y el respeto de los derechos humanos. Al mismo tiempo, permite comprender cómo se entrelaza lo local y global en la vida cotidiana de la gente. Las tiendas de nuestros barrios venden productos elaborados a miles de kilómetros, convivimos con personas nacidas en diferentes partes del mundo, utilizamos tecnología que requiere recursos naturales extraídos de la otra punta del planeta. Lo global se ha convertido en parte de las experiencias cotidianas de nuestros vecinos y vecinas sin embargo pocas veces las administraciones locales tienen espacios para reflexionar sobre las implicancias y oportunidades que brinda este nuevo paradigma económico, social y cultural.
La Educación para la Ciudadanía Global, EpCG, proporciona un espacio para ello, ya que es una propuesta conceptual, procedimental y ética que puede dotar a los distintos estamentos de la administración local de contenidos y estrategias político-pedagógicas para facilitar la comprensión de la interdependencia global que caracteriza la vida en el planeta y para impulsar procesos de corresponsabilidad ciudadana y transformación social en clave de justicia local-global. En un mundo interconectado, la Educación para la Ciudadanía Global ayuda a entender la complejidad de los procesos de globalización económicos, financieros y sociales y su interrelación con la crisis ecológica y con diferentes conflictos socioambientales, laborales o migratorios. Pero, no se centra solo en los efectos de las problemáticas sociales sino que promueve el análisis riguroso de las causas que explican los procesos de empobrecimiento, exclusión, las desigualdades de género o la crisis climática, aportando argumentos y herramientas para mejorar la cohesión social, desmentir fake news o contrarrestar los discursos de odio que dañan la convivencia.
También brinda una oportunidad para generar complicidad entre la administración y la ciudadanía, especialmente con las generaciones más jóvenes y con quienes participan de espacios que buscan incidir en la transformación social. En efecto, cada vez más personas a lo ancho del planeta entienden que, independientemente del lugar de nacimiento, compartimos un futuro colectivo y que nuestras acciones y decisiones impactan más allá del propio territorio. En este sentido, la promoción de la ciudadanía global o de un cosmopolitismo reflexivo facilita la participación e implicación ciudadana y es una gran oportunidad para el desarrollo y cohesión de las ciudades, ya que puede aportar bases valóricas y conceptuales para la creación de un modelo de ciudad más habitable, solidaria, sostenible y corresponsable, que tenga en cuenta el bienestar de sus habitantes y, también de quienes viven más allá de los límites comarcales.
Entrelazar participación ciudadana con la idea de la interdependencia humana y de la responsabilidad social permiten garantizar y consolidar la democracia, y tienen una importante función educativa porque facilita que la ciudadanía cree vínculos, profundice su experiencia democrática, se empodere y desarrolle sentimientos de pertenencia a una comunidad local y global. Sin embargo, acorde con las nuevas tendencias globales y tecnológicas, muchas veces las personas comprometidas con estas temáticas participan en espacios no tradicionales, como las redes sociales u organizaciones informales y efímeras. Por tanto, un desafío para nuestras ciudades es flexibilizar, desburocratizar y ampliar las concepciones de participación y diseñar nuevos instrumentos para dar cabida a las nuevas realidades emergentes.
Para avanzar en todos estos retos se requiere profundizar en la idea de que la ciudad tiene una función educadora transversal, que ejerce, no solo desde sus instituciones tradicionales como escuelas, bibliotecas, museos, o centros cívicos, sino que también educa desde las leyes, políticas, regulaciones y ordenanzas, con la prestación de servicios, la atención de la ciudadanía y, en particular, con el propio ejemplo. La ciudad es un espacio privilegiado que ofrece múltiples posibilidades educativas, los gobiernos locales disponen de herramientas de política pública como premios, sanciones, permisos, prohibiciones, accesos o restricciones que permiten incentivar o desincentivar conductas y decisiones tanto colectivas como individuales. Por ejemplo, las políticas de subvenciones son claves para fomentar proyectos o intervenciones de ciudadanía global. Pero no son la única alternativa, últimamente existe un creciente interés por introducir herramientas tipo nudge, una forma de diseño institucional poco costosa basada en estudios cognitivos, que permite estimular o activar ciertos comportamientos cívicos y de responsabilidad social con pequeños “empujones” planificados desde el enfoque de la ciudadanía global.
Es importante recordar que las ciudades educan tanto por aquello que hacen como por los que dejan de hacer, por ejemplo, la ausencia de un programa de apoyo a la economía social y solidaria puede trasladar el mensaje de desvalorización de este tipo de iniciativas. En otro ámbito, un programa de gestión de residuos puede tener un impacto negativo, neutro o transformador en la reflexión e implicación ciudadana en temáticas como la justicia climática, dependiendo de si se acompaña, o no, de estrategias que expliquen por qué y para que se recicla, considerando los impactos ambientales en escala local y global.
Otro elemento educativo por excelencia es la comunicación pública. Lo que plantea el desafío de construir una narrativa de ciudad con un lenguaje comprensible y cercano, capaz de generar empatía con las distintas realidades y promover los valores de la ciudadanía global. Se trata de que los mensajes sociales, culturales y políticos vayan en la línea de explicar las causas de las desigualdades, la exclusión o los conflictos ambientales integrando la dimensión local y global. Sin embargo, es con el ejemplo y en la coherencia de las políticas donde se puede aprovechar y multiplicar su potencial. En efecto, para no contradecir el mensaje y avanzar en la ciudadanía global es fundamental poner énfasis en cuestiones como la compra pública, contratos y licitaciones para que estos incorporen criterios de sostenibilidad, equidad de género y derechos humanos.
Como se señalaba en un reciente artículo sobre compra pública[1], muchas compañías adjudicatarias de contratos con administraciones públicas operan en países donde obtienen importantes beneficios, a veces a costa de los derechos humanos de la población local o de generar graves impactos socioambientales. Por tanto, educar también es promover marcos de responsabilidades para los actores privados, definiendo códigos éticos y normativas para las empresas que establezcan límites y condiciones que, a la vez, favorezcan la industria y el comercio ético y de proximidad.
En la provincia de Barcelona, existen diversas experiencias y buenas prácticas de ciudadanía global en ayuntamientos grandes y pequeños, como la aplicación de la economía circular, la promoción del liderazgo de las comunidades migradas, la educación en justicia ambiental vinculada al tratamiento de residuos, o la compra ética y de kilómetro cero. Experiencias que impactan favorablemente tanto en lo global como en lo local y que, además, se integran coherentemente en la narrativa de la ciudad como un valor añadido. No obstante, también existen muchas iniciativas parecidas que lamentablemente no consiguen impactar, ya sea por fragmentación entre áreas, la falta de coordinación entre regidurías o, simplemente, la falta de apoyo. En otros casos las experiencias se solapan o carecen de visibilidad porque el ayuntamiento aún no ha integrado la ciudadanía global como un eje transversal de su gestión, lo que impide o limita su potencial transformador
En cualquier caso, estas dificultades también representan un reto y una oportunidad, especialmente, para los municipios medianos y pequeños. En efecto, integrar la educación para la ciudadanía global en un ayuntamiento no requiere ni de recursos extras, ni de personal especializado. Sino que, más bien, implica reforzar lo que ya se está haciendo y apostar por las sinergias internas y con la comunidad para construir de manera participativa proyectos de ciudad, que aprovechen todo el potencial técnico de la administración y los conocimientos de la ciudadanía. Este nuevo marco implica avanzar en la renovación y redefinición de la dimensión y el alcance que deberían tener las relaciones internacionales y los programas de cooperación que se ejecutan desde los ayuntamientos. Ya que el desafío actual es sumar esfuerzos, trabajar en red y establecer mecanismos que permitan trabajar transversalmente los aspectos sociales, económicos, ambientales y de género que pueden contribuir al desarrollo sostenible y equitativo del planeta.
La educación para la ciudadanía global es una apuesta decidida por la transversalidad y la coherencia, el diálogo interno y la integralidad de las políticas municipales. Las ciudades y los pueblos constituyen el espacio de relación más próximo entre administración y ciudadanía, es el lugar donde la vida cotidiana se entrelaza con la gestión pública y donde la política local tiene un impacto visible y concreto. En este sentido, los ayuntamientos, independientemente de su tamaño, tienen la oportunidad y responsabilidad de liderar procesos educativos transformadores, internos y externos, en clave local-global.
[1] González, Lina M; Talvy, Judith i Castro, Miguel. (2021). La compra pública socialment responsable. Revista Sud 25.
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